monitorACT - Junio 2021

Editorial

Todos tenemos recuerdos de los cuentos infantiles en que personajes son animales bastante sabios y que, al fin de su jornada, nos ofrecen enseñanzas que llevamos para nuestra vida adulta. El texto que abre este boletín, por ejemplo, trae la pregunta: ¿Por qué el zorro no debe cuidar del gallinero? Las autoras usaron la fábula de La Fontaine para explicar el conflicto de interés evidente entre el nombramiento de representantes de empresas de ultraprocesados para integrar órganos responsables por políticas públicas. Al fin y al cabo, son corporaciones que actúan para minar políticas de alimentación, hacen uso indiscriminado y cada vez menos regulado de agrotóxicos, fertilizantes y transgénicos. Sus negocios muchas veces acaban por impulsar la concentración de tierras y la tala de bosques y hay denuncias de trabajo análogo a la esclavitud entre sus empresas tercerizadas.

Por su parte, en El juego oculto detrás del derecho a la alimentación de estudiantes, lo que está en debate es la influencia que creadores de cerdos y ganado lechero están ejerciendo sobre los diputados con intención de incluir su producción en el Programa Nacional de Alimentación Escolar. La oferta de millones de comidas diarias para los estudiantes, sumada a la capilaridad del programa, hace que tenga un enorme potencial para fomentar compras de alimentos a nivel nacional, lo que, a su vez, pone el Programa en la mira del sector productivo. Entonces, diputados ligados a este sector presentan proyectos de ley con determinaciones suficientes para alterar el marco legal del Programa y amenazarlo. Quién nunca ha visto esa lucha entre David y Goliat que tire la primera piedra.

El movimiento feminista capturado por las empresas retoma un asunto ya abordado en otras ediciones de este boletín, el de las causas sociales y ambientales sirviendo para mejorar la imagen dañada de determinadas empresas. En el caso del feminismo, los fabricantes de productos que provocan daños a la salud apuestan en incrementar sus ventas entre las mujeres, pero mantienen los viejos comportamientos machistas en el día a día con sus funcionarias. Es el viejo caso del lobo en piel de cordero.

Por último, Próxima Estación:[Nombre de su empresa] abandona las fábulas y cuenta una historia real: los derechos del nombre y el caso de la estación de metro que cambió su identidad, en Río de Janeiro. Luego de una negociación de la cual no se tienen detalles, la concesionaria MetroRío y Coca Cola realizaron un acuerdo y la empresa le puso su nombre a la estación cercana a su sede brasileña, en el tradicional barrio de Botafogo. Fundado en el siglo XVI, la historia del barrio fue contada en un delicioso tuit del escritor Luiz Antonio Simas: “En 1519, los portugueses construyeron una nao de guerra a la que llamaron Galeón São João Batista (San Juan Bautista). Con 800 cañones, el galeón parecía escupir fuego y quedó conocido por el apodo de O Botafogo (El Incendiario). El barco de guerra tuvo tanto éxito entre la gente que un hidalgo portugués decidió ponerle al hijo ese apellido”. João de Souza Pereira Botafogo, nacido en 1540, en una ciudad portuguesa, acabó por venirse a la colonia como lugarteniente del entonces Gobernador-General, nombrado en 1573 para defender a la recién fundada ciudad de São Sebastião do Rio de Janeiro. “Por desempeñar con éxito su función, João Botafogo recibió del Rey una propiedad en la Ensenada de Francisco Velho, que pasó a conocerse como la Praia do Botafogo (Playa de Botafogo)”. Ahora, el tradicional barrio pasa a tener una estación de metro con el nombre de una bebida que causa sobrepeso y obesidad, contribuyendo al desarrollo de varias otras enfermedades.

Como cierre, presentamos nuestro nuevo nombre, que traduce de forma más sencilla la misión que tenemos con esta newsletter: ser el canal de seguimiento de ACT sobre las prácticas de las industrias que causan daños a la salud, al medio ambiente y al planeta como un todo.

Buena lectura de MonitorACT. 

Anna Monteiro

Directora de Comunicación

¿Por qué el zorro no debe cuidar del galinero?

Bruna Kulik Hassan, Camila Maranha e Paula Johns

El proverbio que alerta al peligro de darle el cuidado del gallinero al zorro es muy conocido y trae un importante mensaje que remite al problema del conflicto de intereses. Siendo el zorro un depredador natural de las gallinas, por muy bienintencionada que sea, tarde o temprano se aprovechará de su posición para alcanzar su objetivo más primitivo. En esta situación el conflicto es fácilmente identificado: cuando el zorro se vuelve cuidador. Pero, ¿y cuando el zorro quiere participar en los consejos que van a orientar los cuidados de las gallinas? ¿Y si ella quiere hacer apenas colaborar en una actividad educativa con el cuidador de las gallinas? ¿Por qué no considerar positivas esas iniciativas, teniendo en cuenta la cantidad de recursos de que dispone la gallina, al fin de cuentas?

Lamentablemente, esa metáfora puede aplicarse a iniciativas que han sido adoptadas por las industrias de alimentos y de bebidas para acercarse a actores y políticas de alimentación y nutrición, como es el caso de la reciente postulación y nombramiento hecho por el Gobernador de São Paulo, João Doria, publicada en el Diario Oficial del Estado el día 8 de mayo de 2021, a los cargos de la presidencia y vicepresidencia del Consejo del Estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de São Paulo (Consea-SP), a la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (Abia) y a la Sociedad Rural Brasileña (SRB), además de colaboración de Coca Cola con el Ministerio de la Salud en la campaña de vacunación para la inmunización contra el Covid-19.

Al fin y al cabo, ¿cuál es el problema de que Abia presida a Consea-SP? Podría ser una exageración por parte de la sociedad civil, pero vamos a imaginar un espacio que fue construído para hacer posible la participación de la sociedad en la formulación y seguimiento de políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional, dando voz a aquellos que no tienen tantos sitios donde expresar sus anhelos y realidades y que, a pesar o a causa de ello, son los principales perjudicados cuando la política alimentaria falla. Podemos seguir con la analogía del gallinero, de las gallinas y del zorro o podemos renombrarla como Consea-SP, poblaciones vulnerables y representantes de movimientos sociales y aquellos que tienen una enorme tajada del poder ocupando este espacio de diálogo. Incluir a Abia en Consea-SP es tener actores poderosos del sector privado y con compromisos primarios enfocados a intereses financieros y comerciales, y no al bien público. Colocar entidades que representan a grandes poderes económicos encabezando a ese organismo compromete la capacidad que tiene el consejo de equilibrar a las fuerzas para que se manifiesten sobre temas de interés de la sociedad. Imaginemos, por ejemplo, qué desenlace tendría ese escenario si la propuesta de ración humana (alimento granulado hecho a base de alimentos cerca del límite de validez propuesto hace años para la población carenciada) volviese a la pauta con esa composición de integrantes.

La situación es tan problemática que una carta de rechazo fue emitida por nada menos que la Comisión de Presidentes de los Conseas de cada estado de Brasil (CPCE), en que afirman que no reconocen a la actual gestión del Consea-SP. Otras organizaciones y colectivos, como Alianza Por Alimentación Adecuada y Saludble y la Conferencia Popular por Derechos, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional también se manifestaron condenando la asociación entre el Gobierno del Estado de São Paulo y las grandes corporaciones. Además, el 5 de mayo de 2021, diversos coletivos se adhirieron al tuit de la campaña #AbiaNoConseaNão, como informó el artículo a de O Joio e O Trigo Infelizmente, el clamor de la sociedad civil no fue atendido. 

Un punto importante a ser observado es que las acciones de las empresas representadas por esas entidades van en el sentido opuesto de la centralidad de las actividades de Consea, que apunta a garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada en Brasil. Eso porque esas corporaciones son grandes productoras y estimuladoras del consumo de productos ultraprocesados a los que las evidencias asocian a un creciente número de maleficios asociados y que, a su vez, colaboran a la inseguridad alimentaria y que la Guía Alimentaria para la Población Brasileña recomienda evitar. La propia articulación de Abia para que el Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Abastecimiento sugiriese la revisión de la Guía al Ministerio de la Salud, sin cualquier base científica, como se dio a conocer en reportaje de The Intercept, es un ejemplo del enorme impacto potencial de tales entidades para Consea.

Esas corporaciones también actúan minando el potencial de construcción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, en función del uso indiscriminado y cada vez menos regulado de agrotóxicos, fertilizantes y transgénicos; bien como impulsando conflictos, concentración de tierras y tala de bosques, factores que vulneran cada vez más a las poblaciones en situación de inseguridad alimentaria de las ciudades, del campo y de las regiones de selva. La carta de la Alianza refuerza que tales entidades “(...) no han demostrado compromiso con las políticas públicas enfocadas en la salud. De esta manera, no pueden calificarse como instituciones que tengan una contribución pública en el área de la seguridad alimentaria y nutricional”. Ese proceso, por lo tanto, profundiza una asimetría de poder que solamente beneficia a los intereses privados.

A ese proceso se suma la falta de transparencia, como se informa en la nota de rechazo de la Conferencia Popular por Derechos, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional:

“Lamentablemente, los agentes públicos, articulados con el sector empresarial, actuaron para favorecer la inserción en la lista triple para Presidente y Vicepresidente de las corporaciones. La metodología de este proceso fue inadecuada y nada transparente, lo que resultó en una mayor votación en representaciones de la Asociación Brasileña de la Industria de Alimentos (ABIA) y de la Sociedad Rural Brasileña (SRB), en perjuicio de representantes de la sociedad civil de interés público como de la agricultura familiar, del sector académico, entre otros, y también a las representaciones de aquellos directamente afectados por la inseguridad alimentaria, como trabajadores, pueblos y comunidades tradicionales, población negra y mujeres. Estas representaciones son aquellas que históricamente representan a la sociedad civil en los Conseas”.

En relación al otro ejemplo mencionado sobre el problema del zorro asociado al dueño del gallinero, vale la pena reflexionar sobre el problema de que Coca Cola ofrezca su infraestructura para apoyar al Ministerio de la Salud en la campaña de vacunación para inmunización contra el Covid-19. En ese caso, estamos hablando de una empresa que tiene como producto líder una bebida azucarada y cuyo consumo está asociado a un mayor riesgo de exceso de peso y de obesidad en la infancia y en la vida adulta, entre otras enfermedades, y también a un mayor riesgo de muerte. Coca Cola va a aprovecharse de esa asociación para pasar un mensaje positivo a sus consumidores, estimulando aún más el consumo d e los productos que comercializa. 

Hay quien se pregunte: Pero una empresa tan grande y poderosa, ¿realmente necesita eso? En este caso vale mencionar algunos datos recientes e importantes. Aunque el valor global de la marca se haya incrementado en alrededor de US$ 3 mil millones entre 2019 y 2020, desde el 2015 da señales de estabilización (US$ 78,14 mil millones a US$ 84,02 mil millones). Y eso en nada se compara al valor de su marca, que creció de forma pasmosa en los años anteriores (de US$ 41,41 miles de millones en 2006 hasta US$ 83,84 miles de millones en 2014). La empresa sabe que la búsqueda de los consumidores por  alternativas más saludables viene creciendo, sobretodo entre el público más joven y, en Brasil, en apenas diez años, ya es posible verificar una caída de consumo importante de su principal producto líder, igual que de los zumos artificiales que la marca produce. Además ya se hay evidencias  que se vienen levantando que apuntan que, cuando los consumidores evalúan los productos alimenticios comercializados por empresas con fuerte reputación de responsabilidad social corporativa, ellos incluso desestiman su contenido calórico y escogen más de esas opciones. De esa forma parece quedar más evidente por qué la marca necesita aliarse a órganos públicos de salud que mejoren su imagen.

Esta asociación recuerda a una anterior, que ocurrió en 2011 entre la red McDonalds y el Ministerio de la Salud, que implicaba la vehiculación de mensajes de promoción de la salud en las servilletas de las bandejas de la red. Ese episodio generó una amplia movilización por parte de la sociedad civil, encabezada por la entonces Frente por la Regulación de la Publicidad de Alimentos, que reunió firmas e involucró también una carta de tres grandes investigadores brasileños dirigida al Ministro de la Salud en ese momento. Aunque no haya sido publicitada oficialmente el fin de la asociación, dada la repercusión negativa de la iniciativa, la logomarca del Ministerio de la Salud desapareció de las bandejas al mes siguiente de que se diera a conocer la asociación.

En ambos casos las asociaciones directas con el Ministerio de la Salud para campañas informativas se relacionaron con pandemias de salud pública - la más antigua para la obesidad, y  la más reciente, para el Covid-19. Mientras era claro el conflicto de la red de comida rápida, en el caso de la empresa de gaseosas la relación con su problema para la salud es menos explícita. Esos productos están involucrados con el génesis de la obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles, que a su vez, aumentan el riesgo de morbimortalidad por Covid-19. E, infelizmente, por todo el mundo han sido identificadas iniciativas de empresas que son presentadas públicamente como contribuciones a los esfuerzos nacionales o internacionales para combatir a la pandemia y apoyar a las comunidades, pero que son proyectadas para impulsar marcas, productos y empresas cuyos intereses económicos frecuentemente entran en conflicto con los objetivos de salud pública.

En otras palabras, las corporaciones transnacionales, en particular aquellas cuya naturaleza de producto causa dolencias y muerte, necesitan vender sus productos y expandir sus mercados para garantizar su sostenibilidad financiera y generar ganancias para sus accionistas. La salud pública necesita que menos personas consuman esos productos para que tengamos más calidad de vida por más tiempo. Está dado el conflicto de intereses diametralmente opuesto entre salud pública y más alimentos y bebidas ultra procesadas. La falta de límites impuestos a esas corporaciones genera aumento de ganancias al coste de nuestra salud que, a su vez, fomentan el ciclo vicioso de más poder económico que se traduce en poder político que determina las leyes, o su ausencia, para imponer los límites necesarios a corporaciones que causan una serie de externalidades negativas, para una sociedad más solidaria, saludable y sostenible.

La libertad de hacer leyes debería ser de las personas, por medio de sus representantes electos. Mucho se viene diciendo y documentando sobre la necesidad de cambios sistémicos y estructurales en el mundo actual. Al fin y al cabo, en este ritmo de producción y consumo, estamos consumiendo 1,6 planetas Tierra. Entonces, para debatir gobernanza y “denormalizar” a las industrias de ultraprocesados, a ejemplo de lo que se hizo con la industria del tabaco, es un paso fundamental para no permitir que el zorro quede encargado de cuidar del gallinero.

El juego oculto detrás del derecho a la alimentación de estudiantes

Kelly Alves y Priscila Diniz

Fruto de mucha reivindicación y participación social en la primera década de los años 2000, el Programa Nacional de Alimentación Escolar – PNAE, creado en los años 50, ha sido blanco frecuente de empresas de productos alimentarios, ávidas de vender su producción. El programa pasó por una revisión profunda a la luz de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN). En esta reconducción, se entendió que ella era una garantía del derecho a la alimentación adecuada para los estudiantes. Este proceso culminó con la promulgación de la Ley 11.947, en 2009, que universalizó al programa, con cobertura a toda la educación básica, incluyendo a la enseñanza media y a la educación de jóvenes y adultos, y la garantía de aporte nutricional mínimo de las necesidades diarias de los estudiantes de acuerdo con su franja de edad y tiempo de permanencia en la escuela. También definió directrices nutricionales para la adquisición de los alimentos, estableciendo incluso categorías de restricción y prohibición de productos alimenticios; la inclusión de la educación alimentaria y nutricional (EAN) en los currículos escolares; y la obligatoriedad de que 30% de los recursos repasados por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, del Ministerio de la Educación (FNDE/MEC) a las entidades ejecutoras se gasten con la compra de alimentos producidos directamente por la agricultura familiar, dándole prioridad a indígenas, quilombolas, comunidades tradicionales y asentados de reforma agraria.

Pero recientemente, la Resolución Nº6 de 2020 de FNDE/MEC dio un nuevo paso para la mejoría de las orientaciones nutricionales de PNAE al adoptar las recomendaciones del Guía Alimentario para la Población Brasileña, con destaque a la restricción de alimentos ultraprocesados en los menúes, para que la alimentación escolar coopera cada vez más para el mejoramiento de las condiciones alimentarias y nutricionales de los estudiantes.

Este conjunto de cambios aún en marca en PNAE tiene potencial para garantizar los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación a los estudiantes y también para la promoción del desarrollo económico y social local, al crear mercado institucional para la producción de alimentos de los agricultores familiares. La medida es capaz de darle visibilidad al segmento de la agricultura familiar, destacando su potencial de contribuir al avance de las políticas de seguridad alimentaria, además de impulsar la inclusión gradual y la generación de ingresos a las familias que viven en el campo, especialmente la de comunidades tradicionales, las cuales son fuertemente apartadas de los procesos productivos y de comercialización en razón de la ausencia de acceso a las estructuras mínimas de producción y logística de distribución.

El PNAE atiende a alrededor de 41 millones de estudiantes de todas las fases de educación básica ofrecida por los 5.570 municipios y las 26 provincias más el Distrito Federal. El presupuesto destinado al programa FNDE/MEC es de alrededor de US$ 800 millones (cambio de mayo de 2021). Se suma a este valor los recursos de las propias entidades ejecutoras, lo que corresponde a la inversión de los municipios, provincias y del Distrito Federal para implementación de PNAE.

La oferta de millones de comidas diarias, sumada a su capilaridad territorial hace con qu el Programa tenga un gran potencial para fomentar compras de alimentos a nivel nacional lo que, a su vez, lo pone en la mira del sector productivo de alimentos. De esa manera, el Programa ha sido blanco de grupos de representantes de ese sector, con el fin de alterar el marco legal y volver obligatoria la compra de los alimentos que ellos producen.

Son ejemplos los proyectos de ley que fueron a discusión recientemente en audiencia pública de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en abril: el PL 3.292/2020, que determina que 40% de los recursos oriundos de FNDE que se gasten para compra de leche deben ser utilizados para compra de leche, y obtuvo votación favorable al requerimiento de urgencia, siguiendo al Senado; y el PL 4.195/2012, que determina la obligatoriedad de carne porcina al menos una vez a la semana en el menú de los escolares. 

En ambos casos notamos un escenario semejante. De un lado, sectores productivos enfrentados a una crisis en la comercialización, en parte debido al alto coste de los insumos para alimentación animal, con el ganado lechero y los porcinos, alimentados con pienso a base de harina de soja y de maíz, los cuales, siendo commodities, tienen sus cotizaciones atadas al alza del dólar, lo que causa una rápida elevación en los costes de producción y reduce, de esa forma, la rentabilidad de sus productores. Por otro lado, tenemos diputados federales presionados por entidades o colectivos de productores de sus provincias o regiones para la creación de Frentes Parlamentarias que los representan, y deciden ceder a las presiones proponiendo proyectos de ley.

“Precio justo para producir”. Movilización de las ABCS y organizaciones asociadas

“Empresarios productores de leche apelan al gobierno por la valorización del sector”

#desafiodelaleche

La carne porcina y leche hacen parte del grupo de alimentos in natura y mínimamente procesados que son recomendados por la Guía Alimentaria, pero su inclusión en el menú debe seguir las directrices del programa, para atender a las necesidad nutricionales de los estudiantes: si está en acuerdo con su cultura alimentaria, si hay disponibilidad física y financiera y si contribuye para el desarrollo local y sostenible. Y esta planificación le corresponde al profesional nutricionista responsable técnico por el programa en las entidades ejecutoras, que debe elaborar los menús y acompañar de forma activa todos los procesos necesarios para su ejecución en las unidades escolares.

La alimentación adecuada y saludable va más allá de la garantía del aporte de nutrientes. Las comidas servidas en las escuelas deben respetar a la cultura alimentaria local, lo que incluye no solamente los tipos de alimentos, sino también sus formas de preparar y de consumo. Para ponerlo en práctica, se hace clave fomentar y garantizar la compra de alimentos producidos localmente, lo más cerca posible del territorio escolar.

La aprobación de un proyecto de ley con esta clase de organización, sin duda, abre precedentes para la aprobación de otros de la misma naturaleza. Actualmente, existen otros 17 proyectos propuestos al PL 4.195/2012, que pretenden alterar al PNAE de acuerdo a intereses diversos.

La sociedad civil está acompañando esos puntos por medio del Observatório de la Alimentación Escolar (OAE) que nos invita a no llorar por la leche derramada. En una campaña en las redes sociales, alcanzamos muy rápidamente más de 28 mil firmas contrarias, lo que demuestra que la sociedad entiende la importancia de esa política pública ya tan longeva e importante para nuestra historia del enfrentamiento al hambre. Al mismo tiempo que invitamos a los lectores a conocer al PNAE de su municipio y quién se beneficia de él, hacemos convocatoria para que se unan a nosotros en esta lucha por la defensa de la alimentación escolar de calidad y libre de conflicto de intereses.

HISTORIA DE PNAE:

La construcción de una estrategia nacional de alimentación para los estudiantes de escuelas públicas brasileñas comenzo en la segunda mitad de la década de 1950. En aquella época, la entonces “Campaña Nacional de Merienda Escolar” dio inicio a la história marcada, de un lado, por el objetivo de garantizar nutrición adecuada a los estudiantes, contribuyendo a su aprendizaje y permanencia en las escuelas y, por otro, por su capacidad de contribuir a estrategias de desarrollo del sector productivo de alimentos en Brasil, siendo, por consecuencia, un campo fértil para conflictos de intereses. 

Los alimentos servidos inicialmente a los estudiantes eram donados por el gobierno de Estados Unidos o por agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Esa ayuda alimentaria era parte del proyeto económico e ideológico estadounidense para ampliar el mercado internacional para sus productos y de su dominación sobre los países en desarrollo, en especial de América Latina,  en el contexto de la Guerra Fría. Los alimentos donados a Brasil eran leche en polvo desnatado, harina de trigo y soja, que iban a la región nordeste, donde se concentraba gran parte de los niños desnutridas del país. 

A partir de la década de 1960, ante la reducción de las donaciones internacionais, el gobierno federal brasileño comenzó a comprar productos brasileños para la alimentación escolar. Pero las compras centralizadas era dirigidas a algunas pocas grandes empresas de alimentos industrializados que se instalaban en el país. Se puede decir que los intereses de esas empresas influenciaron de manera decisiva el diseño inicial del programa y, por esa razón, ellas fueron muy favorecidas por la compra e distribución de sus productos alimenticios en todo Brasil a partir de la estandarización de los menúes de las escuelas. Las sopas deshidratadas y las formulados papilla de avena tenían presencia marcada en las escuelas. No había preocupación con la cultura alimentaria o con la adecuación de los alimentos. 

Solamente al final de la década de 1980 tuvo inicio la descentralización de los recursos y la municipalización del Programa Nacional de Alimentación Escolar – PNAE, bautizado de esa forma a partir de 1979, y se concretó a finalesl de la década de 1990.  Como consecuencia, los municipios pasaron a administrar la alimentación escolar, lo que viabilizó el inicio de la elaboración de menués compatibles con los hábitos alimentarios de las comunidades locales y también lla diversificación de sus preparos, valores fuertemente relacionados a la autonomía de las entidades ejecutoras con la finalidad de implementación de una alimentación escolar más adecuada a las particularidades regionales.

El movimiento feminista capturado por las empresas

Victória Rabetim y Mariana Pinho

La lucha por los derechos civiles, entre ellos el de las mujeres, es un marco importante, especialmente en las sociedades machistas como la brasileña. Aunque el planeta festeje el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, es necesario avanzar a por más conquistas. Las mujeres siguen teniendo jornadas múltiples para atender a las demandas profesionales y domésticas y están menos representadas en el Congreso Nacional y en puestos del Poder Ejecutivo de cualquier ente federal en este país.

Año tras año, esa pauta viene ganando terreno entre las propias mujeres, pero también entre la sociedad y el ambiente corporativo. Escuchar e identificar las demandas de las mujeres, tener decisiones tomadas por ellas en favor de ellas son algunas etapas de proyectos corporativos que llevan esa bandera. Cuando se implementa correctamente, todos ganan: las funcionarias satisfechas y negocios prósperos. Entonces, impulsar los derechos de sus colaboradoras es considerado una buena práctica empresarial.

El desarrollo del empoderamiento femenino en el medio corporativo es recomendado por ONU-Mujeres desde 2010 y ganó las calles. El movimiento defiende que las mujeres deben tomar el poder para sí, tener conciencia plena de sus capacidades y fuerza y los locales laborales deben impulsar ese proceso de dar poder a las mujeres.

Postagens da Philip Morris destacando a la figura femenina en la empresa.

Posts ds BAT Brasil destacando figuras femeninas en la empresa, asociándolas a las palabras coraje y empoderamiento 

Y las empresas han hecho sus tareas, muchas veces con programas de responsabilidad social que son, como ya mostramos en otras ediciones, puro marketing. Lo hacen para ajustar sus discursos a las recomendaciones de organismos internacionales. Alteran discursos para encasillarlos en el lenguaje y formatos actuales. Ajustan programas corporativos para desarrollar sus negocios y ampliar su mercado. El mundo es machista y capitalista, no debemos dejarnos engañar.

La mujer vende productos y promociona empresas, muchas veces, a un alto coste involuntario para sus vidas. STOP Initiative, un observatorio de las prácticas de la industria del tabaco, desarrolló un material titulado Mujeres e Industrias del tabaco, mostrando como empresas usan la imagen de mujeres. Y aquí, el verbo es realmente ‘usar’. Siempre hemos sido y seguimos siendo el blanco de las campañas publicitarias y padecemos más por la exposición pasiva al humo ambiental de cigarrillos en casa.

El documento STOP comenta aún que fumar aumenta la probabilidad de empobrecimiento, lo que alimenta la violencia doméstica, especialmente contra las mujeres. Y ese fue justamente el tema de la campaña apoyada por Philip Morris Brasil junto con la alcaldía de São Paulo, Brasil, durante la pandemia:  Quédate en casa pero no sufras en casa. La ciudad realmente parece estar aliada a la empresa. ACT dio a conocer en el último Boletín que, en 2020, la alcaldía premió el programa titulado Empow#her, “que tiene como objetivo ampliar y reconocer al liderazgo femenino dentro de la organización, y Stripese Brasil, enfocado a la diversidad y destinado a la garantía de derechos a los profesionales LGBTI+”.

El Instituto mantenido por la competidora BAT Brasil tiene un programa enfocado en jóvenes de 18 a 35 años y desarrolla proyectos diversos, siendo que algunos específicos son para mujeres. Por su parte Japan Tobacco International, que en el primer año de la pandemia tuvo las ventas incrementadas en un 30% en Brasil, fue sponsor del encuentro intermunicipal de mujeres agricultoras en la región sur, notoriamente la principal productora de tabaco.

Otro sector que impulsa una serie de iniciativas supuestamente feministas, pero de carácter mercadológico, es el agropecuario. Son eventos, premios y artículos que maquillan el empoderamiento femenino para generar ganancias.

El Premio Mujeres del Agro es un ejemplo. De acuerdo con informaciones dadas a conocer, pretender impulsar la participación femenina en el agro, diseminar buenas prácticas y reconocer la contribución de la mujer en las actividades agropecuarias. El portal Agrosuper, agencia de noticias del sector, una iniciativa conjunta entre la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (Abrapa), la Asociación Nacional de Defensa Vegetal (Andef) y la Compañía de las Cooperativas Agrícolas de Brasil (CCAB Agro), desarrolló una serie de reportajes titulados “Mujeres del Agro” a lo largo de marzo de 2021. Es curioso ver que el  portal deja explícita su misión de defensa del proyecto de ley 6299/02, conocido como PL del Veneno, que hace más laxo el proceso de aprobación de agrotóxicos.

Desplazándonos al sector de bebidas alcohólicas, otra empresa que viene invirtiendo en el campo femenino como forma de trabajar la imagen de su marca es Ambev. Con base en el resultado de la encuesta de las palabras “cervecera” y “cervecero” en mecanismo de búsqueda de Internet, que dejaba clara la desigualdad de género, la empresa produjo una campaña enfocada en mujeres profesionales del sector de la cerveza. La acción fue producida por un equipo mayoritariamente femenino y poseía un manifiesto para impulsar un debate acerca del tema.

La filósofa Nancy Fraser, de la escuela de pensamiento conocida como Teoría Crítica, define al feminismo como un “movimiento que comenzó como una crítica a la explotación capitalista , y acabó contribuyendo a ideas-clave de su más reciente fase neoliberal”. 

Las empresas intentan aprovecharse de causas sociales usándolas como acciones de responsabilidad social corporativa que, aunque sea un concepto simpático y que apunta a estimular el desarrollo social, en estos casos buscan promocionar a las empresas a través del llamado branding, que consiste en la gestión de la identidad de la marca e a las ideas asociadas a ella.

En el cotidiano, seguimos viendo acciones opresoras en el ambiente de trabajo de muchas empresas, como acoso sexual y moral, además de prácticas machistas de mansplaining, que ocurre cuando un hombre explica cosas óbvias a una mujer, en la mayoría de las ocasiones con tono paternalista, como si ella fuese incapaz de entender; o el manterrupting, la manera más común en reuniones y palestras, cuando el hombre interrumpe a una mujer en medio de su habla. También vivimos el gaslighting, cuando el hombre distorsiona, omite o crea informaciones, haciendo que la mujer dude de si misma, y el bropriating, cuando el hombre se apropia de una idea o argumento de una mujer y actúa como si fuese propio, entre otras situaciones.

Por lo tanto, es más que necesario rescatar la lucha por la equidad de género sin caer en esas presuntas buenas intenciones para ganar likes en las redes sociales en campañas de empoderamiento femenino.

Próxima Estación:  [Nombre de su empresa]

Laura Cury, Ladyane Souza y Marília Albiero

A los 40 años de edad, la estación de metro de Botafogo, uno de los barrios más antiguos de Río de Janeiro, acaba de rebautizarse Botafogo-Coca Cola. El cambio de nombre fue estampado en las entradas de la estación y también en los carteles y mapas de la ciudad y fue acompañado, también, de avisos sonoros por los parlantes mientras los trenes se acercan a la parada asignada.

Esa alteración ocurrió a partir de la venta de los naming rights, o derechos de nombre, de la estación por parte de la empresa concesionaria del servicio público que opera el transporte metroviario, MetroRío. En Brasil, esa opción de marketing es común en casas de espectáculos culturales y estadios de fútbol, pero aún poco utilizada en espacios del poder público. La justificativa dada por MetroRío para la operación fue la de que, para enfrentar la crisis económica, la venta de derechos de nombre fue la manera encontrada para recaudar rentas complementarias.

Cuando consultadas por ACT, por medio de la Ley de Acceso a la Información y SAC, tanto la empresa MetroRío como Coca Cola e, incluso la agencia estatal que supervisa los contratos públicos del metro, Agetransp (Agencia Reguladora de Transportes Públicos Concedidos de Transportes Acuáticos, Ferroviarios, Metroviarios y de Carreteras), no supieron - o no quisieron - contestar cuál es el valor de contrato, la realización, o no, de concurso, o si de hecho hay algún beneficio revertido a los usuarios. Sabemos que en otros países esa clase de contrato pasa por una selección competitiva y se llega a recaudar el equivalente a US$ 5 millones al año.

La concesionaria MetroRío ya había intentado, en 2013, alterar los nombres de las estaciones del metro de la ciudad por medio de concesión de los derechos de nombre de las plataformas a empresas, pero el entonces Gobernador Sergio Cabral vetó el cambio, de acuerdo a reportes periodísticos de la época. Esa información refuerza el argumento jurídico de que le falta competencia legal de la empresa concesionaria para ceder derecho de denominación de lugares públicos.

El nombre de la estación debe servir para orientar al usuario del transporte público acerca de su ubicación, trayecto que debe recorrer y destino, permitiendo, también, el reconocimiento de su entorno. Renombrar estaciones con marcas constituye una manera de inyectar el mercado en nuevas esferas de la sociedad. Geógrafos urbanos usan el término “mercantilización toponímica” para esa reformulación de la marca privada del espacio público. En Washington DC, esa discusión ocurrió en 2019, cuando la empresa responsable por el metro de la capital estadounidense intentó captar recursos con la concesión del nombre de las estaciones y sufrió un fuerte rechazo de la población.

Hay ciudades que establecen restricciones a los tipos de negocios que pueden ser presentados. Es el caso de Boston, donde la agencia Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) no lleva en consideración propuestas de empresas de “contenido adulto”, o de armas, partidos políticos, nombres de familia, grupos religiosos o marcas de alcohol y tabaco en sus transportes, incluídas estaciones.

La falta de distinción entre lo que es público y lo que es privado constituye un problema. El Estado y los servicios ofrecidos son públicos, lo que lleva a la famosa expresión latina res publica, que significa ‘la cosa del pueblo’. Por lo tanto, deben servir a la población. Es función del Estado, por ejemplo, ofrecer transporte público. En ese sentido, al vender el nombre de estaciones a empresas, se puede pasar la impresión de que corporaciones fueron responsables por la construcción de esas estructuras, que son, en realidad financiadas públicamente, por medio de impuestos. La venta de los derechos de nombre corroe el compromiso del sector público con el ofrecimiento de un servicio básico y equitativo a su población.

Este es un tema que apunta a la necesidad de una amplia discusión pública y legislativa. Otras capitales brasileñas ya anunciaron que pretenden seguir la acción de MetroRío, como es el caso de São Paulo, ciudad en la cual la previsión es de que las estaciones sean renombradas por marcas durante un período de 20 años.

Es importante destacar que la población diariamente lidia con un exceso de publicidad: en carteles publicitarios,  en la radio y en la televisión, en las redes sociales. En Brasil, es importante recordar que el Código de Defensa del Consumidor, en sus artículos 36 y 37, prohíbe la publicidad disfrazada y también protege a los consumidores de la propaganda que no respeta los valores ambientales, considerada abusiva. Al renombrar un espacio urbano como la estación Botafogo como Coca Cola, MetroRío está permitiendo que una fracción considerable de sus más de 118 mil pasajeros diarios, de acuerdo con Data Rio, estén expuestos a la marca.

La justificación dada por MetroRío al vender los derechos de nombre a Coca Cola puede parecer, a primera vista, óbvia: recaudar dinero, tema acuciante con la crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19, que hizo caer en picado el número de pasajeros. Pero hay otros costes incluídos en la operación. Al realizar el namewashing, expresión que significa el lavado de nombres para mejorar la imagen, la concesionaria y la empresa anunciante apagan la historia local, disminuyen las cualidades que definen ese sitio o el barrio, minan al Poder Público, y no contribuyen para el problema que el producto que se anuncia genera. Al fin y al cabo, las bebidas azucaradas tienen relación con sobrepeso y obesidad, que a su vez generan otras enfermedades, y que ya son reconocidas por la ciencia.

La discusión sobre derechos de marca ya hizo por merecer un sketch humorístico de un popular canal de YouTube: Porta dos Fundos (Puerta de Atrás).

El hecho es que no queremos una sociedad en que el espacio público tenga nombre de marcas privadas, mucho menos las que causan daños a la población. Como mínimo, deben imponerse restricciones a la compra de los derechos a las empresas que causan los más diversos daños al medio ambiente y a la salud. En el caso de Río de Janeiro, ¿cuál es la próxima parada? Imagínense que la estación Presidente Vargas pasase a llamarse estación Souza Cruz o BAT, ya que está cercana a la sede de la empresa. O, en un distópico ejemplo de São Paulo, ¿podríamos pensar en una estación Cambuci-Ambev o Piñeiros-Monsanto?

Revisión y edicción: Anna Monteiro

Arte: Ronieri Gomes

Equipo de seguimento

Anna Monteiro

Bruna Hassan

Camila Maranha

Denise Simões

Fabiana Fregona

Laura Cury

Mariana Pinho

Marília Albiero

Victoria Rabetim

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