Brasil pide a la industria tabacalera resarcir los gastos de tratamiento de 26 fumadores [Espanhol]
28.05.19aDiárioCR
Publicado em 21/05/2019
La Procuraduría General de la Unión (Advocacia-Geral da União- AGU) presentó hoy, en la Corte Federal de Rio Grande do Sul, una acción civil pública en la que pide la condena de los mayores fabricantes de cigarrillos de Brasil y sus matrices extranjeras a resarcir los gastos de la red pública de salud con tratamientos de enfermedades causadas por el tabaco.
La noticia fue dada por la AGU en su página web. La solicitud pide cobrar los gastos del Estado en los últimos cinco años por el tratamiento de pacientes con 26 enfermedades cuya relación con el humo de los cigarrillos está científicamente comprobada. La AGU también solicita la reparación proporcional de los costos que tendrá en los próximos años por tratamientos y el pago de indemnización por daños morales colectivos.
Los principales fabricantes de cigarrillos de Brasil son Souza Cruz Ltda, Philip Morris Brasil Industria y Comercio Ltda y Philip Morris Brasil S.A. que juntas poseen aproximadamente el 90% del mercado nacional de fabricación y comercio de cigarrillos, y sus controladoras internacionales (British American Tobacco PLC y Philip Morris International).
“Como el lucro de ese comercio se remite al exterior, para esas multinacionales, nada más justo que ellas tengan que pagar esa carga que están dejando en la sociedad brasileña”, explicó el coordinador Regional de Actuación Proactiva de la Procuraduría-Regional de la Fiscalía Unión en la 4ª Región, David Bressler, durante una rueda de prensa.
La responsabilidad civil y la compensación de los daños ocasionados por el tabaquismo forman parte de los compromisos de los más de 180 países, entre ellos Brasil, que firmaron el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco (CMCT). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo.
Los problemas de salud relacionados con el consumo de cigarrillo se reflejan en el tratamiento de enfermedades que cuestan anualmente -según estudios realizados en Brasil- decenas de miles de millones de reales a la red pública de salud.
Cantidad
El valor total que deberá ser resarcido será calculado en el futuro, si la sentencia es favorable al Estado. La comprobación del perjuicio es posible por medio del llamado nexo causal epidemiológico, que cuenta con pruebas científicas para determinar el porcentaje de relación directa entre cada enfermedad y el humo de tabaco. Sólo en los casos de cáncer de pulmón, por ejemplo, el 90% de ellos se debe a la dependencia de los cigarrillos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Brasil (INCA).
“Una vez establecido que la industria tiene que ser responsabilizada, ya indicamos en la acción todos los parámetros que pueden ser utilizados en la liquidación de la sentencia para calcular la cantidad exacta que debe ser resarcida”, dijo Vinicius Fonseca, abogado del Estado que actúa en el caso.
Uno de los argumentos utilizados por la AGU en la acción se refiere a la responsabilidad objetiva, ya que los gastos de las empresas con la salud de los consumidores -que ya eran consecuencia esperada de la actividad desarrollada- se están repasando de forma inadecuada a la sociedad. La indemnización cobrada también se basa en el concepto económico de las externalidades negativas, una vez que los fabricantes han dejado de asumir los costos correspondientes a los riesgos derivados de la actividad de la cual obtienen sus ganancias.
La acción también se fundamenta en las conductas dañinas caracterizadas durante varios años por la ocultación de los efectos nocivos del cigarrillo para la salud. Los fabricantes de cigarrillos pueden ser condenados, con ello, al pago de indemnización por daños morales colectivos.
A través de la teoría de la responsabilidad subjetiva, la AGU enumera conductas de mala fe practicadas por las empresas a lo largo de las últimas décadas, como: omisión y manipulación de informaciones sobre los maleficios del tabaquismo, del humo pasivo y del poder adictivo de la nicotina; venta de cigarrillos clasificados como “light” como menos perjudiciales para la salud; y promoción de estrategias de marketing y propagandas dirigidas al público joven.
“Es un trabajo de investigación y recolección de evidencias que se viene haciendo hace más de dos años, es una acción bastante densa, con diversos documentos anexados”, señaló la procuradora regional de la Unión en la 4ª Región, Mariana Filchtiner Figueiredo.
La acción no tiene como objetivo prohibir o impedir la actividad de los fabricantes de cigarrillos, que seguirán funcionando normalmente. En ella no se alcanza a la producción interna de tabaco y a la condición de Brasil de líder mundial en la exportación de hojas del producto (desde hace 26 años) y, por consiguiente, las ganancias de los productores brasileños. Cerca del 70% de la producción nacional de tabaco se destina al mercado exterior.
Precedente internacional
A partir de 1994, los estados que componen los Estados Unidos de América comenzaron a juzgar acciones con la misma intención contra los principales fabricantes de cigarrillos. Parte de los procesos culminó con la firma de un acuerdo con 46 estados, en que las empresas se comprometieron a realizar pagos perpetuos a aquellas unidades federadas y se sometieron a medidas como restricciones en publicidad y su direccionamiento a jóvenes. Como resultado de estos procesos, la industria del cigarrillo ya ha pagado más de miles de millones en los últimos 20 años.
En 2006, una jueza de Columbia pronunció una decisión histórica concluyendo que la industria del tabaco actuó de forma organizada desde la década de 1950 para distorsionar informaciones sobre los efectos del cigarrillo contra la salud. La sentencia determinó que 11 empresas de tabaco debían hacer públicos sus datos en los medios de comunicación.
Las llamadas declaraciones correctivas deberían reconocer que los fabricantes minimizaron los efectos del uso del tabaco, negaron la capacidad de la nicotina para generar dependencia química y presentaron cigarrillos light como menos peligrosos para la salud. Además de los casos pioneros ocurridos en la justicia norteamericana, acciones similares ya fueron realizadas en Canadá, Nigeria y Corea del Sur.
El tabaquismo
Según el Instituto Nacional de Cáncer, el tabaquismo es responsable de los siguientes cánceres: vejiga, páncreas; hígado; cuello del útero, esófago, riñones, laringe, cavidad oral (boca), faringe (cuello), estómago y leucemia mieloide aguda, además del más conocido, cáncer de pulmón. Sumado el enfisema pulmonar y los problemas cardiovasculares, existen más de 50 enfermedades cuyo factor de riesgo más importante es la dependencia química de los fumadores a la nicotina.
INCA apunta que, debido al hecho de que el 80% de los fumadores inician el uso de cigarrillo antes de los 18 años, el tabaquismo es considerado una enfermedad pediátrica. Aunque es desconocido por parte de la población, el contacto con el humo del cigarrillo es un factor de riesgo significativo para accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón, incluso en fumadores pasivos.
De acuerdo con la OMS, se estima que el hábito de fumar es responsable del 12% de la mortalidad adulta mundial. Hay una estimación de que cientos de millones de personas fallecieron en el siglo XX debido al consumo de cigarrillos. Los datos sobre el tema revelan que cerca de seis millones de personas aún mueren cada año debido al tabaquismo.
ACT Promoción de la Salud apoya la acción judicial
La organización ACT Promoción de la Salud manifestó su apoyo a la acción judicial interpuesta por AGU contra Souza Cruz y Philip Morris mediante un comunicado de prensa. En el mismo asegura que el estudio estimó que el perjuicio causado por el tabaquismo es de R$56,9 mil millones al año, lo que equivale al 1% del PIB nacional. De ese total, R$39,4 mil millones son costos directos por gastos médicos, y R$17,5 mil millones son costos indirectos, por la pérdida de productividad, como incapacidad o muerte prematura.
